Teresa Vergara
Pontificia Universidad Católica del Perú
El término identifica a las poblaciones que habitaban la región andina antes de la conquista europea y cuyos descendientes continuaron habitando la región durante el periodo colonial y a lo largo del periodo republicano. Estas poblaciones poseen sistemas legales y tradiciones culturales, sociales, lingüísticas y económicas propios, que han sido modelados por su entorno geográfico y por los procesos históricos de interacción con otras sociedades, como las europeas y africanas durante la colonización europea y las procedentes de diversos lugares del mundo en la etapa republicana.
Los indígenas andinos descienden de pueblos originarios de la región como los tairona, muisca, quimbaya, cañari, chachapoya, moche, huaylas, chincha, quechua, aymara, guaraní, chiriguanos, calchaqui, tehuelche, huiliche y mapuche por mencionar algunos. Antes de la conquista española, estas poblaciones hablaban diversas lenguas y se identificaban como pueblos distintos entre sí pero tenían en común la organización en curacazgos o señorios y la estrecha relación con su territorio al que consideraban sagrado. Las poblaciones indígenas ubicadas en los Andes centrales compartían además, otras características sociales y económicas como la organización social en base al parentesco, las relaciones de reciprocidad y el control del territorio a través de colonias que les permitía de acuerdo al tamaño de su población el acceso a una diversidad de recursos. Los incas anexaron de manera más rápida y sostenida a aquellos pueblos con los que compartían formas similares de organización política, social y económica. Las poblaciones ubicadas en las áreas nor y sur andinas, no fueron incorporados de manera permanente por los incas al Tahuantinsuyo. Investigaciones recientes señalan que estas regiones de frontera se habrían caracterizado por una dinámica de a avances y retrocesos debido a la agencia activa de los grupos locales, a la consolidación de enclaves incaicos en territorios insulares en el norte y probablemente también a razones de tipo geográfico (Zavala et. al. 2021; Lara 2021).
Los pueblos indígenas, tanto los que fueron conquistados de manera permanente como los que su incorporación al Tahuantinsuyo fue fluctuante, enfrentaron un primer proceso de reorganización política, social y económica como resultado de la política incaica de desplazamiento colectivo (mitmas) que los afectó de manera desigual. Los grupos menos afectados fueron los que contaban con una mayor población que les permitía controlar diversos recursos, de uso cotidiano y suntuario, lo que se reflejaba en el poder del grupo y en el de sus gobernantes que podían negociar la forma en que se haría efectiva la entrega de población que lo incas exigían (Pease 1993).
Con la conquista española, los pueblos andinos sin excepción pasaron por un segundo proceso de reorganización con la imposición de nuevas estructuras económicas (como el repartimiento, el tributo y la mita), políticas (como el virreinato, el corregimiento y la reducción) y religiosas (como la iglesia católica y la doctrina). Desde la década del 70 del siglo pasado, las investigaciones que se ocupan del estudio de los pueblos indígenas durante este periodo han subrayado la diversidad de sus respuestas ante las imposiciones del gobierno español. Estudios pioneros como el de John Murra (1975), Karen Spalding (1978, 1984) y Steve Stern (1986) han resaltado la continuidad y transformación de las formas organizativas indígenas frente a la dominación colonial. El papel de los curacas como intermediarios entre las autoridades coloniales y las comunidades locales ha sido ampliamente estudiado permitiendo entender la importancia de esta figura tanto para que el régimen español pueda hacer efectivas sus demandas como para que los pueblos indígenas bajo su control puedan preservar aquellas formas propias de su organización política, social, económica y cultural que les eran particulamente importantes.
Uno de los aspectos más estudiados es el impacto de la tributación y el trabajo forzado en la población indígena. La implementación de la mita minera, particularmente en Potosí, y el tributo indígena fueron mecanismos de explotación que transformaron radicalmente la economía y la demografía andina. Autores como Nicolás Sánchez Albornoz (1978), David Noble Cook (1981) y Carlos Sempat Assadourian (1982) han abordado las consecuencias demográficas de estas políticas, mientras que otros investigadores han enfatizado la resistencia y las diversas estrategias de supervivencia de las comunidades indígenas frente a estas imposiciones.
El período colonial también fue un momento de reconfiguración identitaria. Se ha documentado la manera en que los indígenas negociaron su posición dentro del sistema colonial a través de la adopción y reinterpretación de elementos de la cultura europea. Investigaciones de autores como Rolena Adorno (1992) han explorado la producción de crónicas indígenas y su papel en la construcción de una memoria colectiva que resistía la narrativa oficial española. Asimismo, se han analizado los efectos de la evangelización y la imposición de nuevas prácticas religiosas en la cosmovisión andina.
Además de la negociación y otros formas de resistencia a las imposiciones coloniales. Los pueblos andinos, principalmente en el siglo XVIII, optaron por la movilización como complemento a la vía judicial o cuando está no era efectiva. Estudios dedicados a esta temática son un campo de investigación fundamental en el estudio del período colonial. Levantamientos como la rebelión de Túpac Amaru II (1780-1783) y la de Túpac Katari han sido analizados en términos de su impacto político y social en la región andina (Golte 1977; O’Phelan 1988). Autores como Sergio Serulnikov (2006) han argumentado que estas rebeliones no solo fueron una respuesta a la explotación económica, sino también una expresión de la lucha por la preservación de la autonomía y la identidad indígena. El uso de los tribunales y el interés de las elites indígenas por aprender la legislación civil y eclesiástica para hacer frente a los abusos de las autoridades coloniales y reclamar el cumplimiento de privilegios que les habían sido concedidos por la corona son temas que están siendo ampliamente estudiados y subrayan la participación activa de los pueblos indígenas en la búsqueda por ocupar un espacio al interior de las sociedades coloniales de ser posible en sus propios términos.
Con la independencia de las naciones andinas en el siglo XIX, los pueblos indígenas enfrentaron un nuevo escenario político. Aunque las repúblicas nacientes proclamaron principios de igualdad y ciudadanía, en la práctica se implementaron políticas de exclusión que marginaron a las poblaciones indígenas. Es así que el establecimiento de las nuevas repúblicas, dio inició a un tercer periodo de reorganización que dura hasta la actualidad, las políticas liberales y neoliberales establecidas desde el Estado han continuado imponiéndoles cambios en su forma de organización social, política, económica, cultural y territorial. La eliminación del tributo indígena y la imposición de modelos de ciudadanía basados en la propiedad privada afectaron sus derechos colectivos. Autores como Nelson Manrique (1987) han analizado cómo los indígenas negociaron su participación en el sistema político republicano y estudios más recientes han resaltado la contradicción entre el discurso liberal y la realidad de la exclusión indígena (Méndez 2014).
Uno de los problemas centrales en el período republicano fue la propiedad de la tierra. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las elites criollas promovieron reformas que favorecieron la concentración de tierras en manos de hacendados, afectando a las comunidades indígenas. En respuesta, las poblaciones indígenas desarrollaron diversas estrategias para responder a la explotación, marginación e intentos de despojo de sus tierras. Investigadores como Brooke Larson (2002) han documentado la resistencia de los pueblos indígenas a través de litigios legales, movilizaciones y la reafirmación de sus estructuras comunales que nos muestran la continuidad de los pueblos indígenas en el uso de diversas estrategias para hacer frente al abuso del estado y de los grupos de poder que lo controlan directa o indirectamente.
En ese contexto de abusos y desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es importante señalar tuvo lugar un amplio y variado debate conocido como movimiento indigenista que tuvo influencia en la política estatal acerca de la población y cultura indígenas. Si bien el impacto del indigenismo varió de país en país y a lo largo del tiempo, tuvieron en común ser propuestas sinceras de mejora de las condiciones de la poblaciones indígenas realizadas por intelectuales establecidos en las grandes ciudades, pero que aún así no pudieron escapar de una visión paternalista hacia la población indígena a la que consideraban inferior. Una tendencia diferente es el indianismo, movimiento liderado por intelectuales indígenas que reivindican su cultura, su pasado y abogan por el reconocimiento de derechos en el marco de las repúblicas andinas.
En respuesta a las movilizaciones indígenas y a los reclamos de los indigenistas e indianistas, desde medidados del siglo XX los gobiernos del área andina tuvieron que dar inicio a reformas agrarias que marcaron un cambio en la distribución de la tierra, aunque con resultados dispares para las comunidades indígenas. En el Perú, las luchas campesinas influyeron en la ejecución y resultado de la reforma agraria y el reconocimiento de derechos colectivos. En este mismo periodo, los movimientos indígenas adquirieron mayor organización y visibilidad, reclamando derechos territoriales, culturales y políticos. Autores como Silvia Rivera Cusicanqui (1984) han explorado la relación entre los movimientos indígenas y los procesos políticos nacionales. En Bolivia, la Guerra del Chaco (1932-1935) y la Revolución de 1952 contribuyeron a la incorporación de los indígenas en la esfera política.
Tal como sucedió en el periodo colonial, las poblaciones indígenas han respondido de forma diversa a las imposiciones de los Estados nacionales. Estudios recientes han analizado el papel de los movimientos indígenas en la política contemporánea de países como Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina destacando su incidencia en reformas constitucionales y en la ampliación de derechos. Autores como Tristan Platt (1982, 2018) y Silvia Rivera Cusicanqui (2010) han enfatizado la resistencia y negociación de estas comunidades frente a la modernización y la globalización. En particular Rivera Cuscanqui subraya que los pueblos andinos son sujetos contemporáneos con una propuesta propia de modernidad (2010: 54).
La importancia de la exportación de minerales para las economías de los países andinos ha traido graves consecuencias para el mantenimiento de las economías indígenas debido al deterioro y reducción de sus territorios. Otro aspecto que se ha visto igualmente muy afectado es la relación con sus espacios sagrados y el matenimiento de sus prácticas religiosas. A pesar del avance de las industrias extractivas formales e informales, investigaciones recientes que se ocupan de la relación de los pueblos indígenas con el territorio y el medio ambiente documentan la continuidad e importancia de las prácticas agrícolas tradicionales y del manejo sostenible de los recursos naturales en contextos de cambio climático. Investigadores como Enrique Mayer (1994) han abordado la tecnología agraria andina y su resiliencia frente a los desafíos ecológicos. Como en épocas anteriores, las poblaciones indígenas han buscado la vía legal para mantener el derecho sobre sus tierras haciendo uso de la consulta previa como mecanismo de protección de los derechos indígenas. Estudios recientes muestran que solo cuando no obtienen respuesta desde el Estado que optan por las movilización, toma de carreteras y ocupación de instalaciones del gobierno y de las empresas en un afán por defender sus territorios ancestrales y conseguir ser reconocidos como sujetos de derecho.
A lo largo del período republicano, la identidad indígena ha sido objeto de procesos de reafirmación y transformación. En muchos casos, los estados nacionales promovieron la integración de los indígenas a través de la educación y la castellanización, lo que generó tensiones entre la asimilación y la preservación de las lenguas y culturas originarias.
El estudio de la identidad indígena en los Andes ha evolucionado desde una visión esencialista hacia una perspectiva más dinámica, que considera los procesos de hibridación cultural y reconfiguración identitaria. Autores como Marisol de la Cadena (2015) han explorado la coexistencia de múltiples formas de ser indígena en contextos urbanos y rurales, así como la influencia de factores como la migración y la educación en la construcción de la identidad. La lengua ha sido un elemento clave en la afirmación de la identidad indígena. Si bien ha habido avances en políticas de educación intercultural bilingüe, persisten desafíos relacionados con la discriminación lingüística y la pérdida de lenguas originarias. Investigaciones recientes han abordado la revitalización de lenguas como el quechua y el aimara, así como su relación con el acceso a oportunidades económicas y sociales. Estudios recientes han examinado el papel de la educación bilingüe y las políticas multiculturales en la revalorización de las lenguas quechua y aimara, así como el impacto del reconocimiento de los derechos indígenas en las constituciones de varios países andinos a finales del siglo XX e inicios del XXI.
En todas las etapas de cambios impuestos desde el poder estatal, desde la conquista española hasta la actualidad, las poblaciones indígenas han respondido activamente desarrollando estrategias de resistencia, adaptación y transformación (etnogénesis), en la búsqueda por preservar elementos fundamentales de su cosmovisión, lengua, conocimientos, saberes y de su organización social y jurídica. Con el establecimiento de los estados nacionales, la activa participación de los pueblos indígenas andinos exigiendo el reconocimiento de derechos de ciudadanía y la valoración de sus prácticas culturales han permitido avances pero aún persisten la desigualdad, la pobreza, la discriminación y los conflictos territoriales. El diálogo entre los saberes indígenas y las perspectivas académicas ha sido y seguirá siendo clave para comprender y abordar estas problemáticas en el futuro.
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